El debate sobre cómo gravar a los más ricos de Nueva York ha cobrado nueva intensidad, con un polémico impuesto propuesto por el alcalde de la ciudad como eje central de la discusión. La medida, que busca recaudar hasta 500 millones de dólares anuales, ha generado reacciones encontradas entre magnates, políticos y la opinión pública, mientras se cuestiona si realmente afectará a quienes acumulan fortunas millonarias sin residir de manera permanente en la Gran Manzana.
El detonante de la controversia fue un video publicado el pasado 15 de abril, coincidiendo con el Día de Impuestos en Estados Unidos. En él, el alcalde aparecía frente al lujoso penthouse de Ken Griffin, fundador del gigante financiero Citadel, para anunciar con tono triunfal: *”Cuando me postulé para alcalde dije que iba a gravar a los ricos. Bueno, hoy estamos gravando a los ricos”*. La grabación, difundida en redes sociales, no solo mencionaba directamente al multimillonario —quien reside en Miami—, sino que también desató la indignación de figuras como Donald Trump, conocido por sus desarrollos inmobiliarios de alto nivel en la ciudad.
La propuesta, respaldada por la gobernadora Kathy Hochul, apunta a un grupo muy específico: *”los más ricos de los ricos”*, como los definió el alcalde. Se trata de aquellos que, según sus palabras, *”almacenan su riqueza en Nueva York, pero no viven realmente aquí”*. El objetivo es claro: que quienes poseen propiedades de lujo, inversiones o negocios en la ciudad, pero evitan establecer su residencia fiscal en ella, contribuyan de manera más significativa al erario público.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Desde Citadel, el imperio financiero de Griffin, se defendieron argumentando que la empresa y sus empleados ya aportan cantidades millonarias a las arcas estatales. En un correo interno filtrado, un ejecutivo de la firma destacó que, en los últimos cinco años, los trabajadores de Citadel han pagado 2,300 millones de dólares en impuestos en Nueva York. Además, Griffin ha donado 650 millones a causas benéficas en el estado, una cifra que, según sus defensores, demuestra su compromiso con la ciudad.
El mismo ejecutivo subrayó que, incluso si la empresa se convirtiera en un *”objetivo político”*, sus más de 2,500 colaboradores en Nueva York seguirían impulsando la economía local *”durante décadas”*. No obstante, estas declaraciones contrastan con la imagen que el alcalde busca proyectar: la de un sistema fiscal que, en su opinión, permite a los ultrarricos disfrutar de los beneficios de la ciudad sin asumir una carga proporcional.
El caso de Griffin es emblemático. Su fortuna personal se estima en 50,700 millones de dólares, y su penthouse en el exclusivo rascacielos 220 Central Park South —adquirido en 2019 por 238 millones de dólares— ostenta el récord como la vivienda más cara jamás vendida en Estados Unidos. Este tipo de propiedades, ubicadas en la llamada *”calle de los multimillonarios”* de Manhattan, son precisamente el blanco de la nueva medida. Para sus promotores, gravar a sus dueños no solo es justo, sino necesario para financiar servicios públicos en una ciudad con profundas desigualdades.
Pero la pregunta persiste: ¿logrará el impuesto su cometido sin ahuyentar a los grandes capitales? Sus detractores advierten que medidas como esta podrían incentivar a los millonarios a trasladar sus inversiones a otros estados con políticas fiscales más favorables, como Florida o Texas. Mientras tanto, las autoridades neoyorquinas insisten en que la recaudación adicional se destinará a programas sociales, educación e infraestructura, aunque aún no han detallado cómo se implementará el gravamen ni qué mecanismos se usarán para evitar la elusión fiscal.
Lo cierto es que el debate trasciende lo económico y toca fibras sensibles en una ciudad donde el lujo convive con la pobreza extrema. Para algunos, el impuesto es un paso necesario hacia una mayor equidad; para otros, una medida populista que podría tener efectos contraproducentes. Mientras tanto, figuras como Griffin —quien ni siquiera vive en Nueva York— se han convertido en símbolos de un sistema que, según sus críticos, premia la acumulación de riqueza sin exigir una contribución acorde.
El tiempo dirá si esta iniciativa logra recaudar los 500 millones de dólares prometidos o si, por el contrario, termina siendo un gesto político sin mayor impacto. Por ahora, lo único claro es que la discusión sobre cómo redistribuir la riqueza en una de las ciudades más desiguales del mundo está lejos de terminar.
Deja un comentario